Mary
Jose Díaz flores
Al entrar en vigor la Ley antilavado
de dinero se asestó un duro golpe a las
finanzas del crimen organizado. Esta ley fue aprobada en octubre del 2012, pero
se dio un plazo de nueve meses para que entrara en vigor, es decir que se
otorgó un tiempo más a los grupos delincuenciales para realizar operaciones sin
ser detectados. Esta ley limita las operaciones económicas en efectivo en la
adquisición de propiedades y autos, pues se estima que fluyen desde Estados
Unidos a grupos criminales en México cada año entre 19 mil y 29 mil millones de
dólares. El debate de la ley llevó dos años y fue planteada por el expresidente
Felipe Calderón Hinojosa, aunque el Congreso de la Unión la modificó a fondo
para que por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias fuera aprobada
en el 2013 y entrara en vigor el miércoles 17 de julio.
Tras cumplirse los nueve meses, el
reglamento de dicha ley tendrá un plazo
de 30 días para ser publicado a partir del miércoles y entre otras cosas tendrá el reto de homologar
o establecer símiles de los controles en el sector financiero en las
actividades vulnerables delineadas en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de octubre de 2012.
Esta ley permitirá supervisar a
entes privados y obligarlos a informar
a las autoridades federales, cualquier acción que resulte sospechosa en
aquellas actividades vulnerables al lavado de dinero, como es el caso de los
juegos, apuestas y sorteos, compraventa de inmuebles en efectivo que superen un
millón de pesos. También la compraventa de joyas, metales preciosos, relojes y
obras de arte en efectivo que superen los 300 mil pesos y la renta de autos
blindados. Además establece un sistema permanente para identificar y dar
seguimiento a las operaciones económicas, especialmente vulnerables e
inusuales, de modo que las instituciones hacendarias y de procuración de
justicia cuenten con mayores capacidades de inteligencia para prevenir y
sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita
La ley anti lavado de dinero,
otorgó de esta manera al gobierno
mexicano brazos para detectar e investigar en el país las fuentes de
financiamiento al crimen organizado y el narcotráfico, pero también le dio
brazos para que pueda recurrir a cualquier gobierno extranjero con el objetivo
de abatir las redes internacionales de blanqueo de dinero. Esto permitirá por
supuesto que los políticos tengan que transparentar los recursos que ingresan a
sus cuentas bancarias y que no coincidan con lo que obtienen legalmente, además
de que podrán ser investigados al adquirir vehículos en efectivo con un costo
mayor a los 300 mil pesos.
Precisamente es en el sector
financiero donde se reportan las operaciones inusuales, que comprende aquellas
actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes
conocidos por los respectivos clientes de las instituciones financieras;
operaciones preocupantes, es decir, aquellos comportamientos de los directivos,
funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás
sujetos obligados en términos de dichas disposiciones que, por sus
características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en
esa misma materia
En el 2012, se sabe que el narcotráfico habría lavado más de 3
billones de pesos en Estados Unidos y en México, lo equivalente a 82 por ciento
del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese mismo año. Mientras que el
Departamento de Estado de Estados Unidos señala que el sistema financiero en
nuestro país es la principal fuente de blanqueo de capitales pero las
autoridades de hacienda son poco eficaces o tienen complicidades con los grupos
de delincuencia organizada pues de 2007 a 2011, la unidad de inteligencia
financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico sólo denunció 197
casos de lavado en bancos ante la Procuraduría General de la República, es
decir, ¿no se dieron cuenta, los mecanismos no lo permitieron o se hicieron de
la vista gorda?, la pregunta queda en el aire.
El Congreso de Washington asegura
que fluyen desde Estados Unidos a grupos criminales en México cada año entre 19
mil y 29 mil millones de dólares”. Mientras que Estados Unidos estima que cerca
de 39 mil millones de dólares se lavan fuera de sus fronteras, “acciones que
desarrollan principalmente organizaciones de Colombia y México, siendo nuestro
país el de mayor volumen”. Pero bueno, finalmente la nueva ley antilavado
permitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya no tener objeción
para perseguir a nivel nacional e internacional las redes de dinero de los
criminales. La norma entró en vigor tras nueve meses de gracia que se le dio a
los grupos de delincuencia organizada para seguir con sus operaciones normales.
El dirigente estatal del Partido
Orgullo Chiapas (POCH), Víctor Moguel Sánchez, se reveló y se deslindó de la
familia “Sabines”, en un encuentro con integrantes del Foro de Periodistas de
la Frontera Sur, donde sostuvo que la rendición de cuentas sobre el uso y
destino de los recursos públicos no debe tratarse como una moda o una
ocurrencia política, sino como una obligación que está contemplada en la ley,
por lo que la administración estatal que encabezó el ex gobernador, Juan
Sabines Guerrero, debe ser investigada a fondo sobre posibles actos de
corrupción y desvío de recursos públicos, y de encontrarse irregularidades, se
aplique la ley a los que resulten responsables, sin impunidades…/// La Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas, realiza
talleres de capacitación a constructores chiapanecos para el manejo de redes
sociales con el objetivo de ampliar la cartera de futuros clientes que
requieran de sus servicios y de esta forma estar al día en cuanto al uso de
tecnologías alternas de comunicación. Y ya que están tan listos para aprender,
ojalá y también aprendan a no dejar
obras a medias ni a prestarse a concluir una obra empezada como pasó con la
obra que viva el centro que finalmente quedó mal y aunque no la iniciaron
constructoras chiapanecas, si se prestaron a intentar terminarla. En fin por
eso, al último ni les pagaban.