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jueves, 26 de mayo de 2016

FILO Y SOFIA

Mary Jose Díaz Flores
Lo que se estaba pidiendo a gritos es que las corporaciones policiacas aplicaran la Ley en la capital del estado, tal como lo hicieron para dispersar a maestros que ayer miércoles pretendían bloquear las entradas y salidas a la capital chiapaneca; además de apoderarse de algunas oficinas públicas. Estas acciones, las exigimos los ciudadanos que estamos hartos de bloqueos carreteros, de tomas de edificios públicos y daños a empresas particulares y se debieron haber realizado desde hace tiempo pues precisamente por permitir que se viole la Ley por parte de diversos grupos y organizaciones, ahora hasta la iglesia católica participa de cuestiones políticas, pues fue precisamente en la diócesis de San Cristóbal y frente al sacerdote Gonzalo Ituarte, donde el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez fue retenido de manera violenta y es que en la curia, acompañado de los legisladores; Carlos Penagos,  que también fue retenido; y las diputadas, patricia Conde y Judith Torres  que pudieron escapar, encabezaban una reunión para atender el conflicto  del municipio de Chenalhó donde inconformes piden la destitución de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez.
En este sentido, la Secretaría de Gobernación, debería investigar por qué la iglesia católica tiene tanta injerencia en conflictos políticos que se han desatado en municipios indígenas como Oxchuc, donde fue destituida María Gloria Sánchez Gómez hace algunas semanas y ahora en Chenalhó, donde exigen la destitución de Rosa Pérez Pérez, pero no solo a los sacerdotes que no deberían estar involucrados en asuntos políticos y que se prestaron a que en la misma diócesis retuvieran al legislador,  autoridades de justicia deben también indagar, por qué; Edgar Rosales, quien cuando fungió como subsecretario de gobierno junto con el síndico municipal de Chenalhó; Miguel Santis al parecer pedían 57 millones de pesos en obras en ese municipio, ya que el primero es dueño de una constructora, y lo cual presuntamente es el origen del conflicto político, de acuerdo a declaraciones de la propia alcaldesa, que asegura tenerlos en su contra por que se negó a cumplirles la exigencia.
Finalmente, en esta como en otras zonas de Chiapas los subsecretarios de gobierno, directores de gobierno, informantes y diputados de los distritos tienen responsabilidad en la desestabilización social, ya que la falta de respuesta lleva precisamente a la inconformidad y en cuanto a la aplicación de la ley, que se haga parejo, pues todos hijos o todos entenados, además de que la atención de las normas legales es una facultad del estado que debe hacerse sin contemplaciones. En fin, esperamos que los legisladores retenidos y expuestos a la multitud como se observa en las redes sociales salgan bien librados en este asunto político; pero también que los responsables de que las inconformidades se hayan salido de control paguen la cuota que les corresponde legalmente.
CON FILO
Ahora resulta que el PRD, exige a través de su presidente; César Espinosa Morales,  que se detenga la campaña de hostigamiento y represión que desde hace varios días implementa en contra del legítimo movimiento magisterial de la CNTE en la entidad, con lo cual lo único que quiere es llevar agua a su molino, ya que realmente es necesario hacer que se respete el derecho al libre tránsito, no se les impide la libertad de manifestación pero respetando los derechos de terceros y que regresen a cumplir con sus labores que al fin, si son buenos trabajadores tampoco tendría que afectarles la Reforma Educativa enfocada a regular lo laboral, el que cumple no debería tener temor de ser despedido y muchos honorables formadores de generaciones están dispuestos a seguir dando clases, de tal forma que el discurso perredista solo es oportunista y para que el magisterio crea que está de su lado, cuando en realidad es todo lo contrario; este líder sirve solo a intereses personales y políticos.

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