El árbol genealógico del nepotismo en el PJF
Vinicio Portela Hernández
Según la Real Academia de la Lengua Española señala
que nepotismo es: “Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para
las concesiones o empleos públicos.”
Para la ley mexicana el nepotismo no es un término
jurídico, ya que en la legislación no existe como un delito, sin embargo la
conducta encuadra en el señala la hipótesis del Capítulo VIII del Código Penal
Federal, que en su artículo 220 señala a la letra: “Comete el delito de
ejercicio abusivo de funciones: El servidor público que en el desempeño, de su
empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita
persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones,
franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto
jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su
cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad
hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos,
económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las
que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;”
Al dejar en claro que en la acción comúnmente conocida
como nepotismo sí pertenece al catálogo de delitos, me surge la duda: ¿es acaso
que los altos mandos del Poder Judicial de la Federación no conocen esta falta
del orden penal o no les importa quebrantar la ley con el fin de beneficiar a
la parentela en un puesto público?
Tal parece que es el segundo cuestionamiento el que
prevalece, al interior de las entrañas del PJF se esconden tradiciones obscuras
y de falsa doble moralidad, por un lado, juzgan a los ciudadanos por sus
violaciones a la ley, pero por el otro les vale saltarse los más mínimos
preceptos de ética y moralidad.
Por ejemplo, Magistrado Miguel Moreno Camacho, del
Tribunal Colegiado en materia Administrativa, metió a trabajar a su sobrina
Gabriela Guadalupe Camacho Sarmiento en el Juzgado Primero de Distrito de
Amparos y Juicios Federales, y es que los favores se pagan también por
intercambios y permutas, esa es una de las constantes dentro el Poder Judicial.
En el caso del Magistrado Alejandro Jiménez López,
tiene trabajando en su propio Tribunal Colegiado en materia Administrativa a su
querida suegra, Gloria Ríos, como Oficial Administrativo; a su esposa, Nayeli
Guadalupe del Carpio Ríos la “permutó” y se encuentra laborando en el Primer
Tribunal Unitario del Vigésimo Distrito, a cargo del Magistrado Leonel Jesús
Hidalgo quien intercambió ese favor para mandar con Jiménez López a Emilio
Rosas Godoy, como un favor “especial”; pero ahí no termina los enroques, la
cuñada del Magistrado Alejandro Jiménez, de nombre Estafanía del Carpio Ríos,
la colocó en el Tribunal Especializado en Materia del Trabajo, como Oficial
Administrativo en la Ponencia del Magistrado Luis Arturo Palacios Zurita, que
en pago a esa atención el Magistrado Jiménez otorgó una plaza un recomendado de
nombre César Hernández; y la lista sigue, pues el novio Estefanía del Carpio,
José Antonio Castro López, es nada más y nada menos que el Secretario
Particular del Magistrado Alejandro Jiménez López. ¿Todo un enredo no?
Pero hay algunos que tienen mejores relaciones entre
sí. En el caso del Magistrado Héctor Martín Ruiz Palma metió a casi todos sus
familiares en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales con
el Juez Juan Marcos Dávila Rangel. La hermana, Guadalupe Ruiz Palma es la
Secretaria Particular de Dávila; los sobrinos Raúl Ernesto Borges Palma, Mario
Antonio Palma Gómez y Bernarda Erika Damas Palma, son Oficiales
Administrativos; la excepción a la regla fueron la hermana, Guadalupe Ruiz
Palma y su sobrina María Isabel Ruiz Beltrán, que se encuentran laborando en la
Juzgado Tercero de Distrito de Amparos y Juicios Federales a cargo de la Jueza
Minerva López Constantino.
Otro que estima mucho a sus sobrinos es el Magistrado
Homero Ruiz Vázquez, del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Distrito, quien
recomendó a un par de ellos a Juez José del Carmen Constantino Avendaño, del
Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, estos muchachos con
mucha suerte son Luis Eduardo Ruiz Ruiz y Erick Manuel Ruiz Abarca, quienes
laboran como Oficiales Administrativos.
Quienes también aprovecharon las bondades del Juez
Constantino Avendaño fueron el Magistrado Martín Rangel Cervantes, quien colocó
a su hija, Asalia Rangel Montero como Secretaria, al igual que el Magistrado
Luis Arturo Palacios Zurita, quien le consiguió un puesto a su hermano Adiel
Palacios Zurita, ambos en ese mismo Juzgado.
Asimismo, existen relaciones ínter-estatales, como lo
hizo el Juez Refugio Noel Montoya Moreno, Juez Segundo de Distrito de Amparo y
Juicios Federales, quien extendió las atenciones al Magistrado Juan Pablo
Bonifaz Escobar; quien es tuxtleco de nacimiento pero encabeza el Sexto
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con
Residencia en Cuernavaca, Morelos; dándole plazas de Oficiales Administrativos
a sus sobrinas Leticia y Paulina ambas de apellido Ubrina Bonifaz.
El juego de la corrupción y el tráfico de influencias
es una constante en el Poder Judicial de la Federación en Chiapas, su Vigésimo
Distrito es la cuna del nepotismo y como se creen intocables y poderosos hacen
lo que quieran amparados por la autoridad que les da sus cargos, porque ¿quién
podrá juzgar a los juzgadores? De este tema se espera más tela de donde cortar.
Terminé
Comentarios en:
Twitter: @Vinicio_Portela
Facebook:@VinicioPortelaMx
No hay comentarios.:
Publicar un comentario