HÉCTOR ESTRADA
•Las
contradicciones de zanja negra Ramírez
Aguilar respecto al fondo de desastres
La
excusa dada por el presidente del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar,
para justificar la eliminación silenciosa del Fondo Estatal para la Atención de
Desastres Naturales el pasado 27 de abril terminó por abrir más preguntas que
respuestas en torno a un procedimiento que debió haber sido informado,
discutido y socializado con anticipación para evitar tanta sospecha lógica que
ahora pesa sobre el legislativo estatal.
Y
antes de enumerar las contradicciones expuestas en el desafortunado “comunicado
aclaratorio” de Ramírez Aguilar vale la pena precisar que en ningún momento la
información vertida por los diferentes medios de comunicación, como la agencia
multimedios El Estado y otros tantos de circulación estatal, ha sido anónima.
Cada nota, reportaje y análisis sobre el caso ha tenido la fuente perfectamente
identificable.
No,
no se ha tratado de rumores, trascendidos o deducciones al aire. Se trata de
hechos concretos, cuyas pruebas oficiales han sido expuestas a la par de la
información difundida. Por eso resulta por demás lamentable la forma en que se
trató de abordar un hecho irrefutable, tratando de desacreditar a las fuentes
de información con argumentos tan cobardes como intentar adjudicarles
intenciones ocultas. No señor, no se equivoque, también existe el periodismo de
vocación.
Aplastado
por el inevitable encono social, el también presidente del Partido Verde
Ecologista de México en Chiapas no tuvo otra opción que salir a medios a
intentar excusarse. Justo cuando las circunstancias de la tragedia y el
escándalo mediático estaban sobre sus hombros. Un procedimiento de
responsabilidad que debió haber realizado desde hace más de cuatro meses cuando
que se ejecutó la eliminación del fideicomiso. Ese mismo tiempo en que decidió
guardar un silencio conveniente.
Ahora
sale a argumentar que la “extinción jurídica” del Fondo Estatal para la
Atención de Desastres Naturales (FEADEN) fue necesaria “porque no cumplía con
los lineamientos nacionales, pudiendo resultar inoperante en caso de una
emergencia”. Caso curioso que contrasta con el argumento jurídico que su misma
legislatura plasmó en el decreto de extinción 164, consultable en el Periódico
Oficial del Estado número 292, Segunda Sección, con fecha miércoles 26 de abril
de 2017.
Para
eliminar la figura jurídica el Congreso de Chiapas aseguró que FEADEN
finalmente si había “cumplido con los fines para los cuales fue creado,
contribuyendo a la atención de la reconstrucción de la infraestructura pública
dañada por la ocurrencia de treinta desastres de origen natural que afectaron a
la población de 108 municipios de la Entidad, logrando con ello la consecución
de su objeto, por lo que resulta procedente su extinción”.
Entonces,
¿cuál fue el verdadero argumento para la extinción del Fondo Estatal para la
Atención de Desastres Naturales? ¿Cumplía o no con sus fines? ¿Era o no
inoperante? Por qué tanta contradicción de argumentos entre el decreto y la
justificación reciente. Si el FEADEN cumplía los fines para los cuales fue
creado ¿por qué eliminarlo y no sólo reformar su contenido? Ahora resulta que
casi 20 años después (desde 1998) la actual legislatura había descubierto que
el fideicomiso no cumplía con los lineamientos nacionales.
La
respuesta es sencilla: se requería de la extinción jurídica definitiva para reasignar,
a rubros no precisados, los 80 millones 468 mil 878 pesos autorizados y
etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el
Ejercicio Fiscal 2017. El propio decreto de extinción no aclara con exactitud
el destino de los millonarios recursos. Sólo detalla que se incorporan al
erario estatal para fines no especificados. Más de 80 millones de los cuales
nadie ha detallado su destino, justo a un año de la justa electoral en la que,
por cierto, Eduardo Ramírez también es aspirante.
Dentro
de las justificaciones el presidente del Congreso se sacó de la manga la
creación de un nuevo Fondo para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres
apenas el 4 de junio pasado. Lo que no dijo el legislador es que, de acuerdo al
propio “decreto administrativo” de creación, para que ese fondo opere requiere
la instalación de un Comité Técnico que hasta la fecha no existen registros
públicos de haberse conformado, por lo que su existencia sólo es de papel.
No
dijo tampoco que los recursos para dicho fondo aún no son efectivos. Que no
tienen nada que ver con los 80 millones de pesos reasignados a rubros
desconocidos y que, por lo tanto, se necesita esperar a la elaboración del
presupuesto de egresos del próximo año para su plena ejecución. Por eso su excusa
fue tan escueta y (esa sí) verdaderamente superficial.
A
Eduardo Ramírez Aguilar le falto responsabilidad para admitir que se había
cometido un error garrafal, que sí había dejado sin el Fondo Estatal para la
Atención de Desastres Naturales a los cientos de víctimas de tragedias como las
hoy vive la entidad y que, finalmente, el destino le había jugado la peor
trastada de su vida al enfrentarlo al mayor desastre sísmico de Chiapas, justo
cuatro meses después de una decisión tan riesgosa como esa… así las cosas.
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